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La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal intervenga de manera directa en la causa que analiza la validez de la reforma laboral, decretada por el Congreso bajo Ley 27.802 de Modernización Laboral.
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Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la Corte consideró que no están dados los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para habilitar el tratamiento excepcional del caso antes de que se expidan las instancias inferiores.
El artículo 257 establece que las instancias intermedias solo pueden omitirse cuando la causa tramite bajo competencia federal y exista una situación de notoria gravedad institucional.
La presentación había sido realizada el pasado 16 de abril por la Procuración del Tesoro, luego de que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de gran parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Sin embargo, posteriormente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó ese fallo y restituyó la plena vigencia de la ley.
Reforma laboral: Sigue la fuerte disputa judicial
El expediente, además, atraviesa desde hace días una fuerte disputa judicial por la competencia del fuero que debe intervenir. La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal intimó recientemente al juez laboral Raúl Ojeda a remitir en 24 horas la causa iniciada por la CGT al fuero contencioso administrativo, luego de considerar definitivamente saldado el conflicto de competencia.
La resolución, firmada por los camaristas Rogelio W. Vincenti, Jorge Eduardo Morán y Marcelo Daniel Duffy, ordenó el envío inmediato del expediente y habilitó días y horas inhábiles para concretar el traslado.
Ese movimiento judicial había sido interpretado como un avance favorable para la estrategia oficial, que busca que la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma laboral quede bajo la órbita del fuero contencioso administrativo y no de la Justicia laboral, donde la CGT había obtenido inicialmente una cautelar contra varios artículos de la norma.
Pese a ese escenario, la decisión de la Corte Suprema de rechazar el per saltum implicó un nuevo límite para la estrategia judicial del Gobierno, que pretendía acelerar una definición definitiva sobre la reforma laboral en el máximo tribunal.
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