El Gobierno fue a la Corte para voltear la cautelar que frenó la reforma laboral
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El Gobierno nacional decidió escalar el conflicto judicial por la reforma laboral y presentó un recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte Suprema para intentar dejar sin efecto la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802.
La presentación, firmada por la Procuración del Tesoro, apunta directamente contra el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que había hecho lugar al planteo de la CGT y frenado parcialmente la aplicación de la norma impulsada por el Poder Ejecutivo.
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Embestida contra el fallo laboral
En el escrito, el Estado Nacional no sólo pide que se revoque la cautelar, sino que además solicita que la Corte intervenga de manera urgente y suspenda los efectos de la decisión judicial.
El Gobierno sostiene que el fallo implica, en los hechos, paralizar una ley votada por el Congreso y advierte que ningún juez tiene facultades para suspender normas con alcance general.
Desde esa perspectiva, acusa al magistrado laboral de haber avanzado sobre atribuciones propias del Poder Legislativo, al dictar una medida con impacto sobre todos los trabajadores y empleadores del país.
Cuestionamiento a la competencia
Uno de los puntos centrales del recurso es el rechazo a la intervención del fuero laboral. El Estado remarca que la causa debería tramitar en el fuero contencioso administrativo federal, ya que se trata de una demanda contra el Estado Nacional y se discute la validez de una ley.
En esa línea, recuerda que ya existe un planteo de inhibitoria aceptado por un juzgado federal que reclamó el expediente, lo que —según sostiene— refuerza la falta de competencia del juez que dictó la cautelar.
Críticas a la CGT
El Gobierno también apuntó contra la central sindical. Sostiene que la CGT impulsó una acción “en abstracto”, sin identificar casos concretos ni perjuicios específicos derivados de la aplicación de la ley.
Además, cuestiona su legitimación para actuar en nombre del conjunto de los trabajadores, al tratarse de una organización de tercer grado que no ejerce representación directa.
“Gravedad institucional” y advertencias
El tono del escrito es contundente. El Estado advierte sobre una “notoria gravedad institucional” y sostiene que la decisión judicial pone en riesgo la división de poderes, el sistema federal y la seguridad jurídica.
En particular, alerta sobre el precedente que podría generar una medida de este tipo: que un juez de primera instancia pueda suspender una ley del Congreso con efectos para todo el país.
Urgencia y presión sobre la Corte
El recurso busca acelerar los tiempos judiciales. El Gobierno argumenta que la cautelar ya está vigente y generando efectos, mientras que la apelación fue concedida con efecto devolutivo, lo que no frena su aplicación.
En ese contexto, sostiene que el per saltum es el único camino eficaz para evitar un daño mayor y reclama una intervención inmediata de la Corte Suprema.
Denuncias de irregularidades
La presentación también incluye fuertes críticas al trámite del expediente. El Estado denuncia dificultades para acceder a la causa, notificaciones incompletas, plazos insuficientes y la falta de tratamiento de planteos clave como la competencia y la legitimación.
Incluso cuestiona que el propio juez haya revocado parcialmente la cautelar pocos días después de dictarla, lo que —según afirma— evidencia la premura con la que se tomó la decisión.
Un conflicto que escala
Con este movimiento, el Gobierno nacional lleva la disputa por la reforma laboral al máximo tribunal y busca revertir un fallo que, por ahora, mantiene frenados puntos centrales de la ley.
La Corte Suprema tendrá ahora la decisión de intervenir directamente en un conflicto que combina tensión política, disputa sindical y un fuerte debate sobre los límites del Poder Judicial frente a las leyes del Congreso.
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