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Milei con Peter Thiel: gremio informático alerta por “tecnovigilancia” y riesgo para la democracia

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El encuentro entre el presidente Javier Milei y el empresario tecnológico Peter Thiel generó fuertes cuestionamientos en el sector informático. Desde el sindicato AGC que lidera Ezequiel Tosco emitieron un posicionamiento en el que advierten que el avance de Palantir Technologies representa “una amenaza para la democracia” y un riesgo creciente de “tecnovigilancia”.

En el documento, el gremio sostiene que la compañía estadounidense “no es un partido político ni un Estado”, sino “una empresa de análisis y procesamiento de datos, vigilancia y ciberespionaje” que, sin embargo, “pretende definir quién es una amenaza”. En esa línea, remarcaron que “no vende software: vende una cosmovisión”.

Peter Thield y Palantir: «Una amenaza para la democracia»

La organización alertó que Palantir ha logrado insertarse en estructuras estatales sensibles hasta convertirse “virtualmente en un Estado dentro del Estado”, con incidencia directa en áreas vinculadas a la inteligencia, la seguridad y la gestión de datos personales. Ese nivel de injerencia —señalaron— impacta sobre “la privacidad, la integridad humana y la seguridad física y de los datos de las personas”.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento apunta al tipo de herramientas que desarrolla la firma. Allí mencionan sistemas de “vigilancia predictiva”, capaces de anticipar comportamientos a partir del análisis de patrones; mecanismos de “automatización de la decisión”, que priorizan objetivos o evalúan riesgos sin intervención humana directa; y procesos de “internalización del control”, donde la mera existencia de estas plataformas modifica conductas sociales.

El documento también cuestiona con dureza a los principales referentes de la empresa. Sobre Thiel y el CEO Alex Karp, el gremio afirma que se trata de “ideólogos con ideas peligrosas” que “actúan como decisores geopolíticos de facto sin haber sido electos por nadie”, y advierte que promueven un modelo donde la gobernanza tecnológica queda en manos de “unos pocos tecnócratas”.

“Tecnocesarismo”: el alerta de la AGC

En ese marco, el sindicato inscribe el fenómeno en una transformación más amplia del poder global, al que define como “tecnocesarismo”: un esquema en el que grandes corporaciones tecnológicas concentran infraestructura crítica, datos e inteligencia artificial, proyectando influencia política directa. “Cuando un Estado externaliza el procesamiento de sus datos estratégicos o delega capacidades de análisis y decisión en plataformas opacas, no está incorporando tecnología: está resignando poder”, señalaron.

ezequiel-tosco- agc industria del software

El posicionamiento vincula además estos riesgos con el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que reforma el sistema de inteligencia nacional. Según el gremio, esa normativa “diseña un ecosistema que requiere exactamente lo que Palantir vende”, al habilitar la integración masiva de datos, el análisis predictivo mediante inteligencia artificial y la automatización de decisiones.

“Permitir que Palantir opere sobre los datos de argentinas y argentinos no sería solo una cesión de soberanía tecnológica: sería entregarle a una corporación privada las palancas centrales del control social, la inteligencia estatal y la definición de quién es considerado una amenaza”, advierten.

El documento también pone el foco en el impacto potencial sobre los procesos democráticos. En ese sentido, sostienen que la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y predecir comportamientos “plantea una amenaza directa a la integridad electoral”, al facilitar el perfilado político de la ciudadanía y prácticas como el microtargeting. “Un país que no controla sus datos no controla sus elecciones”, remarcan.

Crece la polémica por el lazo de Milei con Peter Thield

Finalmente, el gremio subraya que la discusión excede el plano tecnológico y se ubica en el terreno político e institucional. “La soberanía electoral es inseparable de la soberanía digital”, concluyen, al tiempo que llaman a rechazar la tercerización de capacidades estratégicas en empresas con “agendas políticas explícitas”.

El pronunciamiento se da en un contexto de acercamiento del Gobierno con referentes globales del sector tecnológico, lo que —según advierten— obliga a abrir un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo digital y los límites del poder corporativo en áreas sensibles del Estado.

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