La investigación contra Adorni avanza con nuevas pruebas sobre sus bienes e ingresos

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si los ingresos declarados alcanzan para justificar la evolución de sus bienes.

En ese marco, solicitó relevar la historia laboral y económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde 2012. La investigación buscará comparar los ingresos formales de ambos con las inversiones y el patrimonio informados en sus declaraciones juradas.

Como parte de las medidas, el fiscal pidió a la Comisión Nacional de Valores información sobre operaciones con criptoactivos realizadas en plataformas autorizadas en el país y requirió a la ANSES los registros salariales del funcionario y de su esposa. La pesquisa también se amplió al patrimonio de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense por La Libertad Avanza, con el fin de contrastar antecedentes y movimientos patrimoniales.

Además, Pollicita puso el foco en el origen de los fondos utilizados para invertir en criptomonedas. En ese sentido, analiza el expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del funcionario, fallecido en 2002, luego de que el propio jefe de Gabinete asegurara que una suma de dinero hallada en un inmueble familiar fue el punto de partida de sus inversiones en bitcoin. Además, investigan los viajes realizados por Adorni y su grupo familiar, la compra de inmuebles presuntamente no declarados, entre ellos una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en Caballito, además de la evolución de sus pasivos.

La causa se originó tras las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas. En la presentada por 2024 informó haber recibido una herencia de $10,2 millones, aunque en la siguiente ese monto pasó a ser de $73 millones. También incorporó tenencias en criptomonedas adquiridas entre 2021 y 2023, movimientos que ahora son objeto de análisis judicial.