Advierten por el posible desmantelamiento de la Oficina del Presupuesto del Congreso
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Desde la oposición, apuntaron en un plan de influencia directa de oficialismo para paralizar su funcionamiento, a semanas de la oficialización del proyecto de Presupuesto 2027.
Después de una primera alerta que surgió por un pedido de auditoría, desde la oposición apuntan a un intento de «desmantelamiento» de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el órgano técnico a cargo de estimar el impacto fiscal de los proyectos, informar sobre ejecuciones presupuestarias y la evolución de las cuentas públicas. El próximo lunes, podría volver a reunirse la comisión bicameral encargada de su supervisión, actualmente con mayoría oficialista y que mantiene un proceso de intervención sobre el plan de trabajo del organismo.
Quien advirtió sobre la situación fue el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien recordó que «estamos a muy pocos días de que el Gobierno nacional deba presentar el Presupuesto 2027 ante el Congreso, y lo que ocurre con la Oficina de Presupuesto del Congreso es grave». «Primero, avanzaron en una intervención de hecho sobre un organismo que fue concebido para brindar información técnica, independiente y objetiva al Poder Legislativo. Luego vino la desarticulación de equipos de trabajo clave y el desplazamiento de profesionales con experiencia acumulada», enumeró.
La descripción de Ferraro en sus redes sociales continuó con la presunta «prohibición de elaborar y difundir informes» y la «situación de ahogo financiero que afecta el normal funcionamiento de la institución». «Como forajidos, avanzaron sobre una institución creada para fortalecer la capacidad de control y análisis del Poder Legislativo», interpretó.
Por otro lado, el portal Letra P señaló que se concretó la renuncia del director general de la OPC, Gabriel Esterelles, y su reemplazo interino por María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont. Actualmente, la comisión revisora tiene seis miembros: dos libertarios (Monteverde y Benegas Lynch), dos peronistas (Castagneto y Salino) y dos aliados oficialistas (Schneider y Fernández Molero).
La auditoría contra la OPC
En junio, se conoció la primera advertencia de que La Libertad Avanza había paralizado el funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ese mes y a puertas cerradas, se reunió la comisión bicameral (copada por el oficialismo y aliados) que debe hacer un seguimiento de la OPC. Sin ningún tipo de transmisión por los canales oficiales del Senado (Senado TV o YouTube), el cuerpo que conduce el senador libertario Agustín Monteverde resolvió disponer una auditoría en ese organismo.
“Ese mismo día cayeron los auditores”, dijo una fuente a este medio. “Quieren ponerle un bozal”, alertaron desde la oposición. Con esa auditoría puesta en marcha, se vio afectada la operatividad de la OPC, que dejó de publicar sus informes mensuales, hasta tanto la bicameral se expida. Al mismo tiempo, la bicameral (siempre sin el acompañamiento del diputado de UP), le pidió a la OPC que vuelva a elaborar su memoria 2025 y plan de trabajo anual, pese a que ambos habían sido presentados. El pedido fue que presente su contenido de otra manera.
Las sospechas que se sembraron en los distintos bloques opositores responde, como fundamentaron en diálogo con este medio, a que el Gobierno “no quiere decir cuánto salen sus iniciativas”. Un ejemplo fue cuando se discutió en comisión el nuevo Régimen Penal Juvenil que se sancionó tiempo atrás. Pese a los pedidos de la oposición, el oficialismo jamás le solicitó a la OPC que estimara su costo. Cualquier gasto fiscal impulsado por el Gobierno va, claramente, a contramano de la motosierra que el presidente Javier Milei embandera.
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