Todos podemos ser mejores: las contorsiones del peronismo en el Senado

Por distintas razones, los cierres del jefe de bloque de senadores del peronismo, José Mayans, son tan imperdibles como los que protagonizaba en su tiempo en ese mismo cargo Miguel Ángel Pichetto. Aunque no tiene nada de aficionado, Mayans se muestra como una especie de diletante, a menudo recurre al refranero popular y sus intervenciones suelen incluir un paso de comedia (alguna vez su colega Martín Lousteau lo comparó con bastante acierto con el cómico Mario Sánchez. A Mayans no le gustó).

Hombre del imperecedero gobernador Gildo Insfrán en la Cámara, Mayans cerró el jueves el debate por la insistencia de la ley de Emergencia en Discapacidad, con la que el Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei. El primer veto de su Gobierno —y el primero en mucho tiempo— en caer. Mayans dedicó un buen rato al escándalo de los audios que comprometen a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei en la trama del pago de sobornos con las droguerías; calificó a Milei de «mafioso» y «corrupto» y pidió nada menos que su destitución.

“El corrupto número uno es el presidente y la segunda que le sigue es la hermana. ¿De dónde vamos a sacar la plata (para financiar la Emergencia en Discapacidad)? Bueno, que deje de robar Karina, o que baje el arancel de 3 a 1 y medio”, dijo Mayans. Y lanzó: «Hay que destituir a este presidente mafioso porque están comprobados hechos que son contundentes». También Mayans caracterizó al equipo económico como “esos hijos de puta que están ahí en el sistema financiero robando a dos manos”, con el supuesto uso de la información privilegiada a la que acceden.

La doctrina Milei, puesta a prueba en el Caribe

Que se sepa, no hay denuncias que involucren a los responsables de las finanzas públicas a las que alude Mayans. Incluso cuando es bastante controvertido el manejo que han hecho en las últimas semanas de instrumentos de deuda, como las desaparecidas LeFi, de las tasas de interés o el incesante cambio de reglas de juego para los bancos, con el objetivo de contener el despertar del dólar, intervención del Tesoro incluida. En cuanto a los hermanos Milei, aún no han sido imputados y hasta que la Justicia decida lo contrario los alcanza la presunción de inocencia. Así lo determina el Código Procesal Penal.

Las acusaciones de Mayans no deberían extrañar. Pero a la vez sorprenden.

No son de extrañar porque el Gobierno aparece en situación de extrema debilidad: ha venido encadenando estrepitosas derrotas legislativas —también en esta última sesión del Senado— y está enredado en las denuncias surgidas de las grabaciones a un exfuncionario que hasta ahora ejercía de abogado del presidente. Y tampoco extrañan porque, además, la economía multiplica las señales de un estancamiento que amenaza con convertirse en recesión, y porque es extendida entre los economistas la opinión de que después de los comicios de octubre se impondrá, como mínimo, una revisión del esquema cambiario, una de las anclas del programa. Todo esto en el umbral mismo de una elección crucial como la de este domingo en la provincia de Buenos Aires.

Sin rumbo, la única opción para Milei es ganar

Sin embargo, las acusaciones de Mayans también resultan sorprendentes. Porque al senador parece habérsele pasado por alto que entre los gobiernos a los que acompañó como legislador en las últimas dos décadas, suman al menos cinco los funcionarios condenados por delitos asociados a casos de corrupción en el ejercicio de sus responsabilidades. Entre ellos, nada menos que la expresidenta Cristina F. de Kirchner, que cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta, y el exvicepresidente Amado Boudou, que purgó una pena de cinco años por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Ambos han sido además inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. A las de CFK y Boudou se suman dos condenas al exministro Julio de Vido; tres condenas al exsecretario de Obras Públicas José López y seis condenas al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Se podría agregar a la lista a Lázaro Báez, pero se trata de un agente externo. Y hablamos solo de las condenas, no de los innumerables juicios a varios de los exfuncionarios mencionados y a tantos otros.

Es atendible la indignación actual de Mayans con los sospechados hermanos Milei. Hay que recordarle, sí, que si el presidente es corrupto es una cuestión que incumbe por el momento a la Justicia. Pero la indignación del senador ante eventuales prácticas de esta naturaleza debe ser bienvenida.

Una segunda cuestión de la misma sesión de este jueves se emparienta con el espíritu del mensaje que transmite Mayans. Por impulso del bloque de Unión por la Patria —se sumaron radicales y bloques provinciales— el Senado dio media sanción a un proyecto que modifica la ley 26.122, que reglamenta el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo. El proyecto pasó a Diputados.

Conocida como la ley de DNU, la modificación busca poner un freno a la alocada ambición de Milei de gobernar por decreto. El proyecto establece que un decreto sólo puede tratar “una única materia” de modo que sea tratado de manera individual por el Congreso, lo que supone un límite a megadecretos del tipo 70/2023 o “ley de Bases”, que emitió Milei apenas asumió y que consiguió la aprobación del Congreso (tenía más de 360 artículos y derogó o modificó significativamente decenas de leyes). Entre otras disposiciones, el proyecto aprobado en el Senado establece que un decreto caerá si no es validado en un plazo de 90 días de su dictado con el voto de la mayoría absoluta de ambas Cámaras del Congreso.

En la reglamentación todavía vigente, que desnaturaliza los mecanismos que impone la Constitución para la sanción de una ley, alcanza con que el decreto obtenga la aprobación de una sola de las dos Cámaras para ser ratificado; pero para ser derogado requiere la impugnación de ambas. Se sabe que la ley fue modificada en esos términos en 2006, durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner y por impulso de la entonces senadora Cristina F. de Kirchner. Y que flexibilizó las condiciones por las cuales un DNU obtiene la aprobación parlamentaria, ampliando las facultades del Poder Ejecutivo. Lo contrario a lo que se votó esta semana. Se descuenta que cualquier iniciativa del bloque peronista es promovida o bien tiene el consentimiento de Cristina F. de Kirchner. Un giro drástico, que también es bienvenido. Todos podemos ser mejores.

ML