Reforma laboral: un dictamen fiscal fortalece la estrategia judicial de la CGT y complica al Gobierno

Un dictamen del fiscal general Rodrigo Cuesta ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal respaldó que la causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral continúe tramitando en la Justicia Nacional del Trabajo, en el marco del conflicto de competencia abierto con el fuero contencioso administrativo federal.

El pronunciamiento se da en el expediente en el que la central sindical promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, impugnando más de 80 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso.

En su presentación, la CGT sostuvo que las disposiciones cuestionadas implican “modificaciones peyorativas y permanentes en los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, con afectación de principios de rango constitucional como la protección, la progresividad, la libertad sindical y la tutela judicial efectiva. También advirtió sobre una “reducción del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo” y una “sensible degradación en los niveles de protección”.

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Reforma laboral: Un expediente judicial complejo

El expediente tuvo un recorrido procesal complejo. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 se declaró competente, inscribió el caso como proceso colectivo y dictó una medida cautelar de no innovar que suspendió la vigencia de los artículos impugnados. El Estado Nacional apeló esa decisión y, en paralelo, promovió una inhibitoria ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, con el objetivo de trasladar el caso a ese fuero.

Mientras el juzgado contencioso hizo lugar a la inhibitoria y se declaró competente, el juzgado laboral la rechazó y ratificó su intervención. Esa divergencia dio lugar a un conflicto positivo de competencia que ahora debe resolver la Cámara.

En su dictamen, Cuesta sostuvo que corresponde a ese tribunal dirimir la contienda, conforme lo establece el artículo 20 de la Ley 26.854 cuando el conflicto se suscita entre un juez contencioso administrativo federal y uno de otro fuero.

Sobre el fondo, el fiscal centró su análisis en la naturaleza del caso y concluyó que la materia en debate es determinante. “Las normas cuestionadas se insertan en la materia propia del derecho del trabajo —en su faz individual y colectiva— y el planteo de inconstitucionalidad deberá analizarse a la luz de los preceptos atinentes a esa materia”, afirmó.

Un dictamen que fortalece la postura de CGT

En esa línea, descartó que la sola presencia del Estado Nacional como demandado habilite el desplazamiento hacia el fuero contencioso administrativo. Citando doctrina de la Corte Suprema, señaló que la competencia “no se define por el órgano productor del acto ni porque intervenga en el juicio el Estado lato sensu, sino por la materia en debate, por su contenido jurídico y por el derecho que se procura hacer valer”.

El dictamen también retoma antecedentes en los que se discutieron planteos contra el Estado en materia laboral y en los que se sostuvo la intervención del fuero del trabajo cuando están en juego cuestiones “directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos del derecho del trabajo”, conforme lo establece la Ley 18.345.

Uno de los ejes centrales del análisis es el alcance de la propia Ley 27.802 en materia de competencia. La norma establece que, cuando el Estado Nacional sea parte en conflictos laborales, debe intervenir el fuero contencioso administrativo federal. Sin embargo, el fiscal advierte que esa modificación no resulta determinante en este caso.

Según explica, su aplicación está condicionada a la entrada en vigencia de un “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral” a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en la propia ley. Ese acuerdo requiere, entre otras condiciones, aprobación legislativa y la firma de convenios específicos para la transferencia de recursos, extremos que —según el dictamen— “no han ocurrido al presente”.

Fiscal Cuesta: «Se debe declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo»

En consecuencia, concluye que “las modificaciones introducidas por el artículo 79 de la Ley N° 27.802 (…) no son dirimentes para dirimir el asunto”, lo que refuerza la continuidad del criterio tradicional de competencia laboral.

El fiscal también descartó que esta interpretación afecte la prerrogativa del Estado de litigar ante tribunales federales, al señalar que el propio Congreso estableció un régimen que contempla estas situaciones.

Con estos fundamentos, el dictamen es concluyente: “considero que V.E. debe declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa”, disponiendo que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 continúe interviniendo.

La posición del Ministerio Público Fiscal fortalece la estrategia judicial de la CGT, que desde el inicio buscó sostener el caso en el fuero laboral, donde además obtuvo una medida cautelar favorable —luego parcialmente modificada en cuanto a sus efectos—. La decisión final quedará ahora en manos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en una causa que no solo pone en discusión la validez de la reforma laboral, sino también qué fuero tendrá la última palabra sobre su constitucionalidad.