Provincias Unidas desafía la reforma laboral y busca blindar el control provincial del trabajo
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En la sede de la Casa de la Provincia de La Pampa en Buenos Aires, autoridades laborales de siete provincias del espacio Provincias Unidas firmaron este miércoles 18 de febrero una Carta de Intención para rechazar el artículo 20 de la Ley de Modernización Laboral, que centraliza la registración laboral en un organismo nacional de carácter tributario. El documento plantea que esa medida afecta facultades históricas de fiscalización y control que las jurisdicciones consideran no delegadas a la Nación.
Las provincias firmantes fueron Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. El pronunciamiento se produce luego de que el Senado aprobara el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que propone unificar el registro laboral bajo una estructura nacional con el argumento de simplificar trámites y reducir cargas administrativas.
El artículo cuestionado establece que la registración laboral pasará a depender de un ente nacional con competencia tributaria. Las autoridades provinciales sostienen que esa decisión podría limitar su capacidad de inspección y control en materia laboral.
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En el texto firmado, las jurisdicciones invocan el artículo 121 de la Constitución Nacional, que reserva a las provincias las competencias no delegadas al Gobierno federal. También citan doctrina de la Corte Suprema para sostener que el poder de policía laboral forma parte de esas atribuciones.
Según expresaron, la registración y la documentación laboral constituyen herramientas centrales para garantizar la fiscalización efectiva de las relaciones de trabajo. En ese sentido, señalaron que la centralización podría “debilitar los mecanismos de control en territorio”.
Coordinación política y posibles acciones
El pronunciamiento tiene carácter político-institucional y anticipa que las provincias trabajarán en la elaboración de normativas propias, sistemas digitales de registro y mecanismos de coordinación interjurisdiccional para sostener sus competencias.
Además, dejaron abierta la posibilidad de avanzar en acciones legislativas o judiciales si consideran que la implementación de la ley vulnera facultades provinciales.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma apunta a modernizar el sistema laboral y reducir superposiciones administrativas. Sin embargo, el debate sobre el alcance del federalismo en materia de control del empleo quedó instalado en el centro de la discusión política.
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El tratamiento definitivo de la Ley de Modernización Laboral en Diputados será el próximo paso clave para determinar si el conflicto institucional escala en el plano judicial o se resuelve dentro del debate parlamentario.
DCQ
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