Nuevo Régimen Penal Juvenil: suspendieron por 60 días su aplicación en la Provincia de Buenos Aires

La medida, dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, generó reacciones del Gobierno nacional

La aplicación de la ley N° 27801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en el país y había entrado en vigencia el pasado viernes, fue suspendida en la Provincia de Buenos Aires. Así lo ordenó la Justicia bonaerense, que ordenó suspender de manera preventiva la implementación de la nueva norma por un plazo de 60 días, mediante una medida cautelar dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. Pascual resolvió así al hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo que presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio “de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad”.

Fundamentos

La resolución judicial se centra en la falta de infraestructura y de recursos materiales de la Provincia de Buenos Aires para absorber el incremento de jóvenes que ingresarán al sistema penal. Cabe recordar que la nueva legislación disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que permite procesar judicialmente a jóvenes de esa franja etaria por los delitos tipificados en el Código Penal.

La magistrada argumentó que esta modificación legal generará un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro.

En este contexto, Pascual cuestionó si la Provincia de Buenos Aires tiene las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez: en su fallo, puntualizó que el Poder Judicial tiene el deber de intervenir de forma anticipada si existen elementos que hagan presumir que se producirá una vulneración de derechos fundamentales, apoyándose en el principio precautorio.

Para justificar la paralización temporal de la ley, la jueza Pascual analizó la situación actual de los dispositivos de alojamiento bonaerenses. Recordó que su propio juzgado debió imponer anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad.

Si bien la resolución judicial reconoció que existieron mejoras recientes en aspectos como la provisión de agua potable, la comida y las estructuras edilicias, determinó que el sistema aún no alcanza el piso mínimo necesario para asegurar que las detenciones no comprometan la responsabilidad internacional del país. Entre las falencias detectadas, mencionó las dificultades en el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo, además de la necesidad de disminuir los períodos de aislamiento de los internos.

Hacinamiento

Asimismo, Pascual advirtió que el hacinamiento de los jóvenes genera consecuencias negativas para la seguridad pública: explicó que las condiciones de detención influyen de manera directa en los niveles de violencia con los que los adolescentes recuperarán la libertad una vez cumplidas sus penas. Con estos argumentos, la resolución judicial ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires que adopten de forma inmediata las medidas necesarias para operativizar la suspensión de la ley N° 27801.

Además, Pascual convocó a una audiencia en la sede del tribunal para el próximo día 16. En esa audiencia, las autoridades de las áreas del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la temática deberán presentarse para detallar cuáles acciones implementaron, cuáles tienen proyectadas y en qué plazos prevén ejecutarlas para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.

La nueva ley

Cabe recordar que el Gobierno nacional reglamentó la ley 27801 mediante el decreto 875, firmado por el presidente Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Mediante esta reglamentación el Ministerio de Justicia quedó designado como la autoridad de aplicación encargada de coordinar el sistema.

El nuevo esquema penal juvenil prohíbe las condenas a prisión perpetua para los adolescentes y establece un límite máximo de 15 años de privación de la libertad, pena que debe cumplirse únicamente en centros especializados y sin contacto con adultos. También incorpora penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas para el monitoreo.

Para el seguimiento de los jóvenes, el decreto nacional creó la figura del “supervisor especializado” y un registro provisorio de profesionales en áreas como psicología, trabajo social y pedagogía; además estableció la conformación de un Comité Interministerial y de una Mesa Federal para coordinar las políticas públicas entre la Nación y las provincias. Para financiar la puesta en marcha de este sistema, el Congreso de la Nación asignó una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.

Reacciones del Gobierno nacional a la suspensión 

La decisión de la jueza Pascual tuvo repercusión casi inmediata en el seno del Gobierno nacional.

Patricia Bullrich, senadora y ex ministra de Seguridad, una de las impulsoras del nuevo régimen, escribió en sus redes sociales: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad” y agregó: “Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.

Por su parte, Santilli, afirmó: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

En tanto, el diputado nacional Luis Petri aseveró: “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo” y añadió: “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla. Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial”.

Finalmente, el dirigente Sebastián Pareja calificó la decisión judicial como “profundamente antidemocrática”. “Esta ley es una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir. El gobierno provincial, en cambio, insiste con un sistema que garantiza impunidad”, afirmó y subrayó que la norma no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las etapas correspondientes en el Congreso de la Nación.