Macri vuelve, Milei paga por los votos a la reforma laboral y el peronismo se divide por arriba

Agazapado entre Los Abrojos y su nuevo domicilio en la milla dorada de Palermo Chico, Mauricio Macri prepara una cumbre del PRO en Parque Norte para el 10 de marzo. Es una reunión de la Junta Nacional ampliada con la mesa de conducción del partido, los jefes territoriales y los jefes legislativos. Le pidieron precisiones, pero se disculpó con que esta semana estará fuera del país. En la cumbre habrá mesas de discusión sobre el plan legislativo 2026 y sobre economía con los equipos de la Fundación Pensar. Cerrará Mauricio con un discurso donde redondeará la idea de que el PRO irá a las elecciones presidenciales de 2027 con un candidato propio. Para acordar o para hacer daño.

La jugada tiene sentido, porque Javier Milei, si quiere ser reelecto, lo necesita a Mauricio. Con solo moverse, Macri puede tener un 20% de intención de voto. Con eso lo hace ganar a Milei si se unen, o lo puede hacer perder. El jugueteo se basa en encuestas que lo destacan a Macri como el opositor de mejor intención de votos. Opositor manso, pero opositor al fin. Este proyecto solo puede avanzar si Macri mismo asume la candidatura. A presidente, o a jefe de gobierno de la ciudad, que es el distrito que más le conviene preservar. En especial ahora que la CABA será una potencia judicial. El nuevo sistema de justicia lo negociarán Macri, Daniel Angelici, Juan Manuel Olmos y Víctor Santa María. Cualquier otra ficha sepultará definitivamente al partido.

En el momento mismo cuando respaldó a Milei y eligió a Patricia candidata presidencial en 2023, Mauricio (que debió ser candidato) dinamitó el gran capital que era ser el eje de Cambiemos. El mensaje les llegó a los demás candidatos del PRO, de la UCR y de la Coalición de que no jugaba más con ellos. En el orden local, cuando eligió a su primo Jorge para suceder a Horacio R. Larreta, dinamitó cualquier armado partidario. Los dirigentes más fuertes como Ritondo, Santilli, Álvaro González y otros entendieron que elegía a un pariente, y que no había nada para ellos. Y vaciaron el PRO porteño buscando otro destino. Raro en un Macri cuyo pasivo más gravoso fue su familia. Era el último a quien le convenía un gesto de nepotismo como designar al primo. Debió, por el contrario, dedicarse a demostrar que él no era ni bueno ni malo por el apellido sino por sus condiciones personales, por las cuales fue presidente. Debió ser un cruzado del anti-nepotismo. Ha hecho lo contrario.

La pirotecnia oficial concentra el fuego en el fin de esta semana, anticipando lo que el Presidente dirá en su discurso de apertura del Congreso. Pide prime time, como antes ha pedido que le sancionen normas que le den espesura al segundo tramo de su mandato. Es el lapso del pato rengo de los gobiernos débiles, que tienen un futuro aún por construir. Se entiende la necesidad de fasto para darle marco a la oportunidad. El resultado de la revisión de la reforma laboral en Diputados marca la cancha: el debate arrancó con 129 votos, ajustado quórum; el proyecto se aprobó con 135 votos —seis más que el quórum—; y la creación del FAL, la caja de las quimeras de Luis Caputo se aprobó en particular por 130, uno más que el quórum. Todo raspando.

Estos números le dan al Gobierno un lugar en este juego en el que sos punto o sos banca: en este round el gobierno es punto. La banca son los amigos, los aliados de distinta gama que representaron a cuatro de las cinco fuerzas que entraron en la primera vuelta electoral de 2023. Ese apoyo se ha mantenido mediante el uso de una herramienta ajena: el voto que fue de Cambiemos, fuerza a la que el Gobierno le entregó cargos clave en el gabinete (incluyendo a la fórmula presidencial Petri-Bullrich). También le ha confiado las candidaturas de los distritos más importantes el año pasado, Santilli en Buenos Aires y Bullrich en CABA.

Como es punto y no banca, para lograr ese relato en Diputados debió resignar la mitad del costo del ajuste laboral sobre el PBI. Iba a significar, en la versión original, un costo de 0,89% del PBI, y se redujo a 0,47%. Dicho, en otros términos, se perdió la mitad del ahorro posible en carga fiscal para pagar el apoyo de gobernadores, aliados mansos y aliados odiosos. ¿Está mal pagar votos en una democracia? No, es el lubricante de cualquier decisión. Pero mentir es un pecado, diría Saúl, que se nos fue pero que aún nos guía. Costó que no se les diera el gusto a las billeteras virtuales para pagar sueldos ni a la extravagante iniciativa de descontarle el sueldo a los enfermos. ¿Cómo se habría justificado en un país que limita la atención sanitaria y las vacunas, y que habilita que la gente se enferme más? La imposibilidad de afrontar derrotas por parte de un gobierno que solo busca vender éxito es la razón de la munificencia del oficialismo a la hora de darle lo que pidan a quienes le votan.

El otro pilar del resultado airoso, aunque ajustado, es la situación del peronismo. Sin unidad y sin liderazgo, no pudo salir del discurso de bloqueo, y pudo imponer un dictamen de minoría ni abandonar la queja por la codicia de los ricos, que es el argumento dominante en los discursos. Mantiene la unidad formal porque algunos resultados electorales, como el del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, le están diciendo que la división de arriba, la de los dirigentes, no permea hacia abajo, en el electorado. En esa elección de medio término, turno que el peronismo suele perder siempre, alcanzó un empate con una diferencia de centésimos para la alianza PRO-LLA. Esa unidad del peronismo se mantuvo en el voto del Senado, en donde la oposición se beneficia de la fiebre de gorilismo de Patricia Bullrich. Debería, le señalan desde la Casa Rosada, no atacarlos en bloque y tratar de dividirlos. Ni aun con la migración del bloque de Convicción Federal se rompió en el Senado el voto del peronismo.

Esa compacidad se pondrá a prueba este viernes cuando se trate en el Senado lo que aprobó Diputados, una reformita festejada con entusiasmo digno de mejor causa. Y que está lejos de las proezas. Para la misma reforma, en 2001 el peronismo y al CGT dieron su apoyo y su voto a Fernando de la Rúa. Lo mismo ocurrió cuando el gobierno de Mauricio Macri avanzó en un proyecto semejante que empujó Jorge Triaca, cuando era ministro en 2018, y que no llegó a tratarse en el Congreso. Con la misma mansedumbre, el Congreso apoyó un capítulo laboral de la llamada Ley de Bases, que no ha surtido efecto. Hay que recodar estas constancias para no distraerse con la propaganda oficial que le pone al proyecto el ropaje de una epopeya.

Por encima de las estridencias proselitistas a la que se entrega el gobierno de los 130 votos para Toto Caputo —eso vale el plan económico en Diputados, una señal más que amarilla— el Congreso espera con ansiedad la sesión de este martes. Esta es preparatoria y debe depararle reacciones ríspidas. Una es la fuerza que conserva Victoria Villarruel como vicepresidenta de la cámara. La cámara hasta ahora cuenta con los votos para reelegir al puntano Bartolome Abdala como presidente provisional. Entre lunes y martes se debe una reunión con José Mayans, en la que esperan superar la pelea que ha dejado a los bloques de Unión por la Patria afuera de las comisiones. Hay señales de la Casa Rosada que aconsejan no tocar ese cable pelado porque pacifica un terreno espinoso.

De esta sesión preparatoria se habló mucho en la noche del sábado en Mendoza. En esa provincia se casó una hija del senador Abdala y la boda reunió a figuras como Juan Carlos Romero (exsenador, que juntó en 2023 al grupo de los 39 que le arrebataron el Senado al cristinismo), el riojano Juan Carlos Pagotto, la puntana Ivanna Marcela Arrascaeta, Mariana Jury (Mendoza), Bruno Olivera (San Juan) y Vilma Bedia (Jujuy). La fiesta fue larga en la Quinta Doña Elvira, de Rodeo de la Cruz, en las afueras de la capital provincial. Dio para repasar cuestiones que interesan a algunos de los presentes, como Pagotto. Es hoy presidente de la Comisión de Acuerdos, adonde el Gobierno anuncia que enviará una lista de casi 200 candidatos a cargos en la magistratura. Quienes escuchaban, por encima de la estridencia del DJ, creyeron oír que habrá, como siempre, una zaranda de nombres. El oficialismo no está conforme con algunas picardías. Estiman que cerca de la mitad serán aceptados y que el resto los mandarán de nuevo a concurso.

No se escuchó palabra alguna sobre la cobertura de ministros de la Suprema Corte. Sí se advirtió alguna premisa por resolver los cargos pendientes en la AGN. El oficialismo reelegirá a los secretarios Parlamentario y Administrativo, Agustín Giustinian y Alejandro Fitzgerald. Revisará las designaciones de los prosecretarios de esas dos áreas, hoy en manos de representantes de un radicalismo que fue: Dolores Martínez (Prosecretaría Parlamentaria) y Lucas Clark (Prosecretaría Administrativa). Martínez fue llevada al cargo por sugerencia de Martín Lousteau, cuando existía. Clark es un hombre que responde a Alfredo Cornejo, que late aún en Mendoza.

Los radicales han sido clave en la anterior legislatura y más en esta. Los diez senadores construyeron la victoria laboral del gobierno. Esperan, con fundamento, la recompensa. En estas horas hay cargos para pagar esa colaboración. Están esas dos subsecretarías y otro más, la vacante en la Auditoría General de la Nación. El Gobierno busca agradecerle a Víctor Zimmermann, exsenador por el Chaco, su tarea de semáforo, que facilitó el debate sobre la reforma laboral. Es un experto en auditoría, que ya estuvo en el organismo cuando lo presidía el radical Leandro Despouy. El otro postulante es Luis Naidenoff, que dejó la senaduría en 2023 y es hoy secretario legislativo del bloque. La mesa anterior de la UCR lo nominó a la AGN. Es otra decisión de la era Lousteau. Esos dos nombres están anotados para cubrir vacantes. Zimmermann ha declinado una oferta -en la que intervino el propio Luis Caputo- como director de Aerolíneas Argentinas. Zimmermann fue uno de los senadores que dio de baja a la empresa aérea de la lista de empresas privatizables. El criterio que parece imponerse es que esta semana debe resolverse en alguna de las sesiones. En la del martes, que es preparatoria pero que puede agregar otros asuntos, o en la del viernes 27, convocada para cerrar el capítulo de la reforma laboral.

La Argentina tiene varias emergencias que afrontar, pero ninguna más grande que la debilidad de su gobierno. La presencia de Milei en el Congreso tiene un contexto problemático por el nuevo escenario que abre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sobre los aranceles que imponía Donald Trump. El fallo, que se globalizó como todo hoy en la pequeña aldea mundial, limita el poder de Trump no en materia comercial. Lo que invalida es el uso -y aun la manipulación- de las emergencias para tomar medidas sin consultar al Congreso. Toca la médula del autoritarismo de estos días, que recrudeció con la peste Covid y que alimenta el decisionismo que ignora a los poderes legislativos. El fallo recuerda la tradición republicana que quedó acuñada en la Constitución americana, que establece que solo el poder surgido del voto popular, el Congreso, le puede meter la mano en el bolsillo al ciudadano.

En la Argentina este asunto se planteó durante el gobierno de la familia Kirchner, que se alimentó ideológicamente del populismo, que entiende que el ciudadano debe limitarse a meter el sobre en la urna, y eso le basta a quien gobierna hacer lo que quiere. En la crisis de 2001 hubo un estallido de leyes de emergencia y un uso desmedido de los DNU, delegaciones legislativas al ejecutivo, superpoderes y normas de emergencia. Solo con Mauricio Macri hubo una pausa. El gobierno que asumió en 2015 eliminó todas las emergencias heredadas, solo dejó en pie la emergencia de los pobres, merced a los acuerdos francisquistas por los que se creó el sueldo auxiliar para los más pobres, que aún hoy existe. Con el regreso del peronismo en 2019 se repusieron las emergencias y se agregaron las del Covid. Con Milei creció el decisionismo y el nuevo gobierno desembarcó con las leyes Bases y el DNU 70, que propusieron niveles de emergencia desconocidos hasta ahora. No es una excepción, los gobiernos del siglo XXI basan su fuerza —no su poder, porque han sido todos más que débiles— administrando con regímenes de excepción.

La descalificación que hace la sentencia de la Corte de EE.UU. aporta un nuevo contexto jurídico a la situación de la Argentina. La Suprema Corte argentina ha limitado antes las emergencias en varias ocasiones y esa doctrina vuelve a recuperar oxígeno. Carlos Rosenkrantz ha escrito que “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos (fallo CSJ 567/2021 sobre inconstitucionalidad de la suspensión de clases en CABA, ordenada por el gobierno durante la peste Covid)».

El constitucionalista Antonio Hernández ha defendido la primacía del Poder Legislativo con el argumento de que “la respuesta de las democracias constitucionales y liberales a las emergencias requiere siempre la participación del Poder Legislativo, aunque tenga mayores poderes el Ejecutivo y con el debido control por parte del Poder Judicial, para la defensa de los derechos individuales”. Milei ha insultado desde la puerta del Congreso a los legisladores y ha demonizado el consensualismo. Hernández resaltó que en el fallo anti-aranceles “debe observarse con mucha atención el valor de la independencia del Poder Judicial, como se ha demostrado en este caso, porque incluso jueces designados por el Partido Republicano, y por el propio presidente, han cumplido con su principal función que es asegurar la supremacía de la Constitución”.

En varios párrafos de la sentencia, la Corte americana recuerda que los redactores de la Constitución dispusieron el sistema de controles y equilibrios («checks and balances») entre los poderes del Estado para generar decisiones firmes y de consenso. Las negociaciones resultan más lentas y complejas, pero ese fue el objetivo, no es su defecto. No es una limitación del presidencialismo, como se ha entendido en algunas experiencias como la argentina. Hay sectores que ven en la necesidad de tener los 2/3 de los votos para designar miembros de la Corte un freno al Ejecutivo. En realidad, es un sistema que obliga a los políticos a negociar con tal de sacar decisiones de consenso que no duren más que un veranito. El último juez que un gobierno propuso para la Suprema Corte de Justicia fue el abogado Manuel García Mansilla. Entre que juró y renunció pasaron 39 días. El mandato más breve de un juez en la historia. ¿Qué le faltó? Consenso y el respaldo de un gobierno fuerte.