Llaryora anunció inversiones privadas de $240.500 millones aunque con alto costo fiscal

Se trata de 40 proyectos industriales que se radicarán en departamentos del noroeste y sur provincial, en el marco de la Ley de Igualdad Territorial. Generarán 3 mil nuevos puestos de trabajo, entre directos e indirectos. El Gobernador destacó el rol del Estado para impulsar regiones postergadas. Sin embargo, la estrategia oficial tiene un elevado costo fiscal: 60% del monto total es producto de devolución de Ingresos Brutos y exenciones de Sellos. Luego, esas mismas industrias podrían acogerse a la Ley de Promoción Industrial

El gobernador Martín Llaryora anunció la aprobación de 40 proyectos de inversión de un total de 240.500 millones de pesos, al amparo de la denominada Ley de Igualdad Territorial. La iniciativa permite promover inversiones y generar empleos en el noroeste y sur provincial, las zonas que registran los menores niveles de actividad económica y empleo formal en el territorio cordobés.

Aunque los proyectos anunciados permitirán la creación de 912 puestos de trabajo directos y superar los 3.000 empleos formales si se consideran también los indirectos, la estrategia oficial tiene un elevado costo fiscal para la Provincia. Concretamente, aproximadamente 60% del monto total mencionado corresponde a devolución del impuesto a los Ingresos Brutos para las inversiones comprometidas. En paralelo, también la norma incluye la eximición del impuesto de Sellos, en todos los casos por un plazo de dos años.

De los 40 proyectos aprobados, 14 ya comenzaron su ejecución, 11 de ellos correspondientes al sector industrial. Además 35 proyectos son pioneros, es decir que corresponden a sectores que no registraban empresas ni empleo formal en las localidades donde se desarrollarán.

El programa contempla la devolución de Ingresos Brutos por hasta 100% de la inversión en nuevos proyectos y exenciones en el Impuesto de Sellos para las actividades vinculadas a los emprendimientos. Además, es compatible con otros regímenes de promoción vigentes. En el caso de los 23 emprendimientos industriales incluidos, el beneficio fiscal previsto asciende a casi $100 mil millones.

Llaryora explicó que la ley de Promoción Industrial continúa vigente y que se profundizará con la nueva norma. “La promoción industrial rige en toda la provincia, pero lo real es que en las zonas menos desarrolladas se invierte menos y por esa razón ofrecemos estos mayores beneficios focalizados en el noroeste y en el sur-sur”, indicó el gobernador.

Destacó que el programa es parte de una política de desarrollo a 10 años que también prevé inversiones en infraestructura para la igualdad territorial. “Hoy no está la gente en estas zonas, pero hacemos inversiones por casi US$1.000 millones, para llevar el desarrollo y que eso lleve también las inversiones y la población”, indicó.

Recalcó que el programa Impuestos por Inversión (IPI) también apunta a llevar emprendedores consolidados de unas zonas a instalarse en otras zonas y generar un ecosistema empresario que antes de esas inversiones no existía.

Por su parte, el ministro de Producción, Fernando Sibilla, ponderó las inversiones toda vez que beneficiarán a sectores postergados. “Para graficar, la generación de empleo implica para localidades beneficiadas, un aumento de 46% del empleo privado registrado”, dijo a Comercio y Justicia.

Los proyectos

El proyecto de mayor envergadura entre los emprendimientos industriales presentados es una planta de bioetanol de maíz que se instalará en Huinca Renancó, departamento General Roca.

La iniciativa de Maíz Energía SA contempla una inversión de $63.573 millones y la creación de 120 puestos de trabajo directos. La planta tendrá capacidad para producir 200 metros cúbicos diarios de bioetanol, además de burlanda para alimentación animal, aceite de maíz y energía eléctrica.

El emprendimiento cuenta con la participación de un conjunto de empresas inversoras, entre las que aparecen concesionarias automotrices, firmas vinculadas con la comercialización de combustibles y Porta Hermanos.

La segunda inversión industrial más importante corresponde a Kutan Industrial SA, que proyecta construir en Sarmiento, departamento Totoral, una planta de procesamiento de huevos.

El establecimiento demandará $22.689 millones y prevé incorporar 90 trabajadores. Tendrá capacidad para procesar la producción de unas 600 mil aves ponedoras, equivalente a aproximadamente 180 millones de huevos anuales. Elaborará ovoproductos líquidos y deshidratados para las industrias alimenticia, hotelera, cosmética y farmacéutica.

Otro emprendimiento destacado se localizará en el parque industrial de Laboulaye. Se trata de una fábrica de productos de panificación y pastelería impulsada por Chammas.

La inversión prevista alcanza $14.894 millones, con 60 nuevos puestos de trabajo. El proyecto contempla la construcción de 6.000 metros cuadrados de infraestructura industrial y cuatro líneas de producción de galletas, tapas de alfajores, piononos, bizcochuelos y otros productos.

En Bañado de Soto, departamento Cruz del Eje, se proyecta la instalación del frigorífico Saviur, destinado a la faena y procesamiento de ganado vacuno y porcino.

La inversión comprometida es de $9.208 millones, con 40 empleos directos. El establecimiento tendrá capacidad para faenar más de 150 animales diarios y apunta a integrar distintas etapas de la cadena ganadera.

Por su impacto laboral, también sobresale una planta de construcción industrializada de módulos habitacionales de hormigón armado en Deán Funes.

La iniciativa, que ejecutará Ichamari SA, contempla $6.529 millones de inversión y 100 puestos de trabajo. El establecimiento fabricará viviendas modulares, oficinas y estructuras prefabricadas, con una capacidad inicial de producción de 4.200 metros cuadrados anuales.

Entre otros proyectos aparecen un molino harinero en la zona de Rosales, con $6.304 millones y 10 empleos; una planta de procesamiento de nuez pecán de la cooperativa Cotagro en La Paz, con $3.665 millones y 14 puestos; y una planta de blancheado de maní en Huinca Renancó, con $3.227 millones y 20 empleos.

Impacto fiscal

Según la presentación oficial, el beneficio estatal representaría en la práctica alrededor de 60% de la inversión total. El régimen es compatible con otros programas de promoción y dispone de un cupo anual equivalente de hasta 5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos.

Los proyectos del sector industrial son 23 y representan inversiones por $151.730 millones y beneficios tributarios estimados en $99.800 millones, con una proyección de más de 610 nuevos empleos directos.