Lácteos Verónica vende sus dos plantas más importantes en Santa Fe en medio de una crisis que afecta a los más de 300 trabajadores que le quedan

La histórica empresa santafesina Lácteos Verónica acordó la transferencia de sus establecimientos de Clason y Suardi por 15,5 millones de dólares, pero la operación queda sujeta a la autorización judicial en el marco del concurso de acreedores. La firma acumula un pasivo de $118.496 millones y miles de cheques rechazados, mientras los empleados denuncian el vaciamiento de la compañía.

En el ojo de la tormenta financiera, Lácteos Verónica, una de las empresas emblema de la industria láctea santafesina, acordó la venta de sus dos plantas industriales más importantes en la provincia. Los establecimientos de Clason y Suardi fueron comprometidos por un total de 15,5 millones de dólares, con Lacterra S.A.S. y Copalac S.A.S., respectivamente. Sin embargo, la ejecución de estos contratos, firmados el 2 de julio, quedó atada a la autorización judicial, ya que la compañía se presentó en concurso preventivo de acreedores semanas después con un pasivo que supera los $118.496 millones.

La decisión de la empresa controlada por la familia Espiñeira se da en el contexto de una crisis que se profundizó durante más de un año. Según datos aportados al expediente concursal, la compañía registra más de 2.900 cheques rechazados por un monto superior a los $11.200 millones y una deuda bancaria de casi $4.745 millones, con el Banco Galicia como principal acreedor. A esto se suman los reclamos de unos 150 productores tamberos, que denuncian una deuda de aproximadamente 60 millones de dólares por leche cruda entregada y no abonada. El patrimonio neto negativo de $9.262 millones al 30 de junio refleja la magnitud de un rojo que la empresa atribuye al derrumbe del consumo, el encarecimiento del crédito y la falta de capital de trabajo.

La operación de venta generó fuertes sospechas en el sector y entre los trabajadores debido a que las sociedades compradoras fueron constituidas apenas días antes de cerrar los acuerdos: Lacterra el 19 de junio y Copalac el 11 del mismo mes. Ambas transferencias están vinculadas a contratos de producción a fasón, bajo los cuales las compradoras aportan la materia prima y mantienen la propiedad de los productos, mientras Verónica cobra un canon por procesarlos. De hecho, la planta de Suardi ya opera bajo esa modalidad desde hace quince días en un «período de prueba», aunque con apenas entre 12 y 18 trabajadores de los 85 que tenía. ATILRA, el sindicato del sector, advirtió que este acuerdo es solo una «salida coyuntural y provisoria» y sigue exigiendo respuestas de los propietarios por los meses de salarios caídos.

El drama humano que atraviesa la empresa es de una gravedad extrema. Los trabajadores de las tres plantas (Clason, Lehmann y Suardi) no cobran sus salarios desde diciembre de 2025, adeudan el aguinaldo y denuncian que perdieron la cobertura de obra social y los aportes jubilatorios. La plantilla de 700 empleados se redujo formalmente a poco más de 300 trabajadores distribuidos en las plantas que busca vender bajo su concurso preventivo y otra más, inactiva (140 en Clason, 85 en Suardi y 112 en Lehmann).

La desesperación llevó a los trabajadores a realizar protestas, acampes y quemas de gomas frente a las plantas, mientras la incertidumbre por el futuro de la compañía y sus fuentes de empleo se profundiza. «Estamos cada vez peor: hace seis meses que no cobramos, la empresa sigue inactiva y los dueños totalmente ausentes», resumió un delegado de Lehmann en junio pasado. La venta de las plantas, sujeta ahora al visto bueno de la Justicia, se presenta como un intento por salvar los activos, pero para los trabajadores que custodian las instalaciones vacías, la única certeza es la angustia de saber que, como denunció la diputada Julia Strada, las maniobras de los dueños podrían configurar un vaciamiento deliberado.