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Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene definido un paro nacional contra la reforma laboral, en el oficialismo se abre un escenario de incertidumbre que podría complicar los tiempos legislativos y dejar al Gobierno atrapado en su propio laberinto parlamentario.
Según trascendió, en las últimas horas el Ejecutivo estaría evaluando retroceder en el capítulo de las licencias, uno de los puntos más cuestionados del proyecto. El problema no es menor: cualquier modificación al texto que ya cuenta con media sanción obligaría a que vuelva al Senado de la Nación Argentina.
Allí podría aprobarse el cambio, rechazarlo o introducir nuevas variaciones, lo que abriría un escenario aún más complejo. Dependiendo de cómo se vote, incluso podría requerirse una mayoría agravada para insistir con la redacción original. Todo ese trámite pone en riesgo el objetivo oficial de sancionar la ley antes del cierre de las sesiones extraordinarias, previsto para el 28.
En paralelo, el calendario legislativo agrega presión. Si el dictamen de comisión se firma y el proyecto se trata este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la huelga se activaría ese mismo día. Si el debate se posterga para la semana siguiente —con una sesión prevista alrededor del 25—, el paro acompañará esa nueva fecha. La central obrera ya resolvió la medida, pero dejó atada su ejecución al momento exacto en que se discuta la reforma en el recinto.
Frente a este escenario, aparece otra alternativa en estudio dentro del Gobierno: intentar que la ley salga tal como está en Diputados, negociar apoyos para evitar cambios y, más adelante, introducir ajustes a través de la reglamentación. Sin embargo, esa estrategia abre interrogantes jurídicos. La reglamentación puede precisar aspectos operativos de una norma, pero no modificar su contenido sustancial. Si el decreto reglamentario alterara el espíritu o el alcance de la ley, podría quedar expuesto a cuestionamientos constitucionales.
El panorama, entonces, combina presión sindical, cuentas legislativas ajustadas y tiempos políticos acotados. Si el oficialismo decide reabrir artículos sensibles, corre el riesgo de que se amplíe el debate y otros bloques impulsen cambios adicionales. Si opta por avanzar sin tocar el texto, deberá asumir el costo político del conflicto y enfrentar el paro general. En ese tablero incierto, la reforma laboral se convirtió en el centro de un laberinto donde cada movimiento puede alterar el equilibrio parlamentario y profundizar la tensión social.
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