El Gobierno informó que expulsó a 14.000 extranjeros en seis meses por antecedentes penales y situación migratoria irregular

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que el Gobierno argentino expulsó a 14.000 extranjeros durante los últimos seis meses como parte de una política orientada al fortalecimiento de los controles migratorios y la seguridad nacional.

El anuncio fue realizado a través de un video difundido en redes sociales, donde la funcionaria sostuvo que las personas deportadas registraban antecedentes penales, alertas rojas emitidas por Interpol, impedimentos legales para ingresar al país o habían intentado hacerlo sin cumplir con los requisitos migratorios establecidos.

«Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar», afirmó Monteoliva al presentar el balance de los operativos realizados durante el período.

La cifra representa un incremento respecto de los números difundidos a comienzos de año. En enero, la ministra había informado que cerca de 5.000 extranjeros habían sido expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados en apenas dos meses, un dato que calificó entonces como récord en materia de controles fronterizos.

Según detalló la funcionaria, los 14.000 casos incluyen personas con antecedentes penales, ciudadanos con alertas internacionales, individuos con restricciones legales para ingresar al territorio nacional, extraditados y extranjeros que se encontraban o intentaron ingresar al país de manera irregular.

Operativos y controles

Las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad no se limitaron a los pasos fronterizos. Durante los últimos meses, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina realizaron distintos procedimientos de control e identificación en centros comerciales y ferias de gran concurrencia.

Uno de los operativos tuvo lugar en la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, donde fueron identificadas 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras. A través de sistemas biométricos y consultas a bases de datos oficiales, las autoridades detectaron a 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, quienes fueron intimados a regularizar su condición.

Durante el procedimiento también se detectaron infracciones vinculadas a la venta de mercadería falsificada y teléfonos celulares denunciados como robados. Como resultado, la Justicia ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos y el secuestro de diversos productos.

Desde el Gobierno sostienen que la incorporación de tecnología biométrica para tareas de identificación y el refuerzo de los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos fueron determinantes para alcanzar las cifras registradas en los últimos seis meses.

«En la Argentina, el que viola la ley debe hacerse responsable de sus actos», concluyó Monteoliva al defender la política de control migratorio implementada por la administración nacional.