Desde 1996 hubo 445 concursos de cargos en el Judicial cordobés

El 6 de agosto de 1996, mediante el Acuerdo Reglamentario Número 328, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo la primera convocatoria a concurso para estudiantes de abogacía interesados en ingresar al Poder Judicial de Córdoba y se inauguró un mecanismo institucional de acceso y promoción de cargos que funcionó de manera ininterrumpida durante 30 años en base a los principios de selección por idoneidad y mérito, igualdad de oportunidades, transparencia e imparcialidad.

Como consecuencia de la vigencia del sistema durante tres décadas, en la actualidad, el 93% de las personas que trabajan en el Poder Judicial ingresaron por concurso. Las excepciones son las previstas por la Constitución de Córdoba, las leyes provinciales y la reglamentación vigente: personas con discapacidad, mejores promedios de las universidades, personal de maestranza, vocales del TSJ, autoridades de la Fiscalía General, la Defensoría General y la Procuraduría General. 

Desde 1996 hasta 2026, en total, se concretaron 445 concursos de cargos en la administración de justicia: 100 de ingreso y 354 para acceder a cargos jerárquicos. Asimismo, durante ese período, se registraron 107.882 inscripciones: 33,64% hombres y 66,36% mujeres.

El Régimen de Concurso Público de Cargos se caracteriza por la publicidad de las inscripciones, la difusión de los requisitos y etapas, el anonimato de los postulantes a los efectos de asegurar la neutralidad del tribunal examinador, la eliminación del postulante que pretenda utilizar influencias, los contenidos objetivos de las pruebas de oposición y antecedentes y las posibilidades de recursos administrativos en caso de apartamiento del procedimiento previsto. 

Recientemente, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) certificó que la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Poder Judicial de Córdoba posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma IRAM-ISO 9001:2015. 

La obtención de la certificación tiene relevancia institucional, ya que valida conforme a estándares internacionales el sistema de gestión que sustenta uno de los procesos más sensibles para la administración de justicia: la selección y promoción de sus recursos humanos.