Denuncian penalmente a exfuncionarios por presuntas irregularidades en el plan de retiros de Justicia ACARA

La presentación judicial apunta a exfuncionarios de la cartera judicial y su desempaño en oficinas públicas por presuntas irregularidades en el plan de retiros de Justicia ACARA. El juez Julián Ercolini y el Ministerio Público Fiscal serán los encargados de investigar a la actual síndica general de PAMI, el actual coordinador ejecutivo del organismo y otras personas mencionadas en la denuncia. Se acusa negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.

La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar un presunto esquema de irregularidades vinculado a la implementación del plan de retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia durante los años 2024 y 2025. 

El escrito apunta contra María Florencia Zicavo (exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI), Juan Cruz Montero (exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI), el abogado Danilo Sergio Montevidoni, Emilio Zicavo y demás personas que pudieran resultar identificadas en el curso de la instrucción y la investigará el juez Julian Ercolini.

El eje central de la presentación judicial hace foco en la operatoria utilizada para desvincular al personal contratado a través del ente cooperador ACARA. De acuerdo con el texto de la acusación, si bien la reglamentación publicada disponía que las extinciones de la relación laboral debían efectivizarse mediante escritura pública ante escribano, en la práctica se habrían llevado a cabo homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

Esta modalidad, según sostiene el escrito, habría generado la facturación y percepción de honorarios profesionales no contemplados en la resolución oficial. Asimismo, a partir de testimonios incorporados a la denuncia, se señala que una importante cantidad de trabajadores habría sido representada por un mismo letrado patrocinante al cual no habrían seleccionado de manera libre y directa.

El documento expone además presuntos vínculos societarios y relaciones profesionales cruzadas entre algunos de los imputados. A su vez, cuestiona la falta de respuesta oficial frente a reiterados pedidos de acceso a la información pública sobre el detalle y los montos del plan de desvinculaciones, al tiempo que menciona la existencia de una sentencia judicial previa que ordenó al Ministerio la entrega de dicha documentación.

Por otra parte, el denunciante requirió que se analicen supuestas inconsistencias patrimoniales y el uso no justificado de un vehículo registrado a nombre de una firma contratista del Estado Nacional.

Entre la nómina de posibles delitos objeto de investigación, el denunciante encuadró las conductas en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales. La presentación aclara expresamente que los hechos expuestos constituyen hipótesis para ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado interviniente, sin implicar afirmaciones categóricas de culpabilidad.