LABORAL

Alerta en Colombia por acoso a mujeres periodistas y persistencia de violencia laboral

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La Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia expresó su preocupación por los casos de violencia y acoso sexual denunciados por mujeres periodistas en sus espacios de trabajo, al considerar que estos hechos no solo afectan a las víctimas directas sino que evidencian problemáticas estructurales en el mundo laboral, donde “la violencia y el acoso laboral ocupan un lugar central” al constituir una grave vulneración de derechos humanos y un obstáculo para el trabajo digno.

El pronunciamiento, difundido a través de un comunicado oficial, señala que las denuncias ocurridas en medios de alta visibilidad nacional como Caracol Televisión y RTVC, y “presuntamente cometidos por figuras públicas”, ponen en evidencia la profundidad de esta problemática, así como los niveles de tolerancia social e institucional que han permitido su persistencia a lo largo del tiempo.

Una problemática estructural en el mundo del trabajo

Lejos de tratarse de hechos aislados, la ENS advierte que estas situaciones reflejan patrones más amplios, al sostener que “no pueden ser tratados como episodios aislados ni excepcionales”, sino que revelan una violencia sistemática que atraviesa distintos sectores laborales y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, en un contexto donde el silencio, la impunidad y la falta de respuestas oportunas han contribuido a su reproducción.

Frente a este escenario, la organización rechaza los hechos y plantea la necesidad de acciones concretas, al exhortar a instituciones estatales, empresas y sociedad a implementar medidas urgentes para prevenir, atender y sancionar estas prácticas, en línea con el marco normativo vigente, destacando la importancia de “implementar de manera plena y efectiva la Ley 2528 de 2025”, que ratifica el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.

El comunicado también propone fortalecer mecanismos de articulación institucional que permitan contar con información pública y actualizada sobre estos casos, así como garantizar la coordinación entre sistemas de atención, protección y justicia. Con el fin de que se asegure una respuesta integral que incluya prevención, sanción y reparación para las víctimas, junto con el desarrollo de protocolos con enfoque de género construidos de manera conjunta entre actores estatales, sindicales y empresariales.

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