ATE define un paro nacional y vuelve a culpar a UPCN por el quinto semestre seguido de pérdida salarial de los estatales

La medida de fuerza de ATE sería en agosto, despegándose de la estrategia de la CGT que le apunta a noviembre o diciembre.

Luego de marchar junto con la CGT al Congreso el pasado miércoles en respaldo a los reclamos de los jubilados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvería a pisar el acelerador con la posibilidad de ir a un paro nacional en agosto, diferenciándose otra vez de la central de Azopardo que analiza la posibilidad de un paro general pero entre los últimos días de noviembre y fin de año.

Este lunes hay reunión de la conducción nacional de ATE en la sede del gremio y, si bien el temario incluirá temas como la continuidad de los despidos en el Estado y las iniciativas oficiales vinculadas a la “enajenación de activos públicos y la extranjerización de tierras”, el eje principal será el deterioro salarial.

Los próximos pasos de ATE

El primer semestre de 2026 fue el quinto consecutivo desde que Javier Milei es presidente -es decir, todos- en el que los salarios estatales pierden con la inflación.

De manera sistemática, ATE ha rechazado los porcentajes de aumento otorgados, que se resolvieron por decreto o acordados entre el Gobierno y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato que representa a la mayor cantidad de trabajadores de la administración pública nacional.

Mientras se define la fecha para un eventual paro, el 6 de agosto, día en el que el Senado tiene previsto tratar el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que habilita la compra ilimitada de tierras por parte de extranjeros,, no se descarta que el sindicato tome parte en una manifestación junto al Congreso.

A la vez, está confirmada la participación de ATE en la jornada nacional de lucha convocada para el próximo 7 de agosto por la CGT y las CTA en el marco de la habitual movilización por San Cayetano.

Aguiar: «El salario fue destruido con el aval de UPCN»

«En el sector público no se soporta más ajuste. En este momento, más de la mitad de los salarios se destinan a cubrir el costo de las tarifas de servicios y de los alquileres», advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en la previa de la reunión.

Según datos del sindicato, en el primer semestre de 2026 los incrementos acordados para la administración pública nacional alcanzaron un acumulado del 12,9%, frente a una inflación del 16,9% registrada en el mismo período.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei el desplome del poder de compra del sector público roza el 44%.

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Con ese telón de fondo, Aguiar, como es usual, cargó contra el otro actor de la negociación paritaria estatal, Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN.

«En los últimos dos años y medio, el poder adquisitivo de los estatales ha sido destruido con el aval de UPCN. Tenemos que romper ese pacto para la entrega de todos nuestros derechos y la única manera de poder hacerlo es con huelga y movilización», lanzó el dirigente sindical.

Alerta por Ushuaia

Además de la cuestión salarial, ATE pondrá sobre la mesa la persistencia de despidos, vaciamientos e intentos de cierre de diferentes empresas y organismos nacionales, alertando sobre el impacto que esto genera en la prestación de servicios esenciales.

Asimismo, la conducción sindical incorporó al temario el rechazo al plan oficial para flexibilizar los límites de la ley de tierras libertarias, que consideran que abre la posibilidad de una adquisición masiva de territorio nacional por parte de capitales extranjeros.

En ese sentido, desde el gremio encendieron las alarmas sobre el caso de Ushuaia, Tierra del Fuego, donde el Gobierno busca avanzar con la venta de predios de las Fuerzas Armadas. Para ATE, la combinación entre el remate de inmuebles estratégicos del Estado y la quita de frenos a la compra por parte de privados internacionales representa un grave riesgo para la soberanía.

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«Continúan los despidos y el desmantelamiento de distintos organismos y empresas del Estado. Esto repercute de manera absolutamente negativa en toda la sociedad. Tenemos que ponerle límites al Gobierno, impedir que cumpla con su anunciado plan de destrucción y para ello los empleados públicos tenemos que definir la continuidad y profundización de nuestro plan de acción», concluyó Aguiar.