Considerando la doctrina jurídica, el cantante de Turf, Joaquín Levinton debería quedarse tranquilo por la deuda millonaria que mantiene con la empresa pública AySA (Aguas y Saneamiento Argentinos S.A.). Según confió en una entrevista, no paga las boletas de agua de su casa desde hace 20 años y se le generó una enorme deuda que la empresa busca cobrar como sea.
«Recibo todos los días mensajes que quieren que vaya a pagar«, confesó el cantante, refiriéndose a la insistencia de AySA para que regularice la deuda. Según explicó, el problema surgió porque esa cuenta en particular nunca quedó incluida en el débito automático que alguien, en su momento, le ayudó a configurar. «Soy un colgado, qué se le va a hacer», dijo en su defensa el músico.
La privatización de AySA es inminente: buscan cobrar a deudores
La realidad es que el apremio de AySA por cobrarles facturas impagas a muchos de sus clientes se aceleró con la presentación y aprobación del plan de Acción de Transición de AySA S.A. para el período 2024-2026. Se trata de un documento que supera el centenar de páginas y que modificó el Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios Quinquenio 2024-2028 aprobado en octubre de 2023.
La principal diferencia entre un programa y el otro es que el plan diseñado por la administración Milei y publicado en el Boletín Oficial busca «concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio». Así lo indica el documento anexado a la resolución, donde también se habla de establecer «condiciones operativas adecuadas sobre las cuales favorecer la futura planificación de mediano y largo plazo para asegurar la sustentabilidad del servicio».
AySA está presente en la región del AMBA y opera en 27 distritos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, donde viven más de 15,1 millones de personas. Según su reporte de sustentabilidad del año 2023, abastece de agua a 11,3 millones de habitantes y de cloacas a unos 9,4 millones personas.
Pero muchos deben y también lo hacen varios organismos.
Municipios y particulares en rojo: qué advierten sobre los que no pagaron la factura de agua
Para poder vender la empresa hay que presentarla con los números más prolijos posibles. Además de haber incrementado las tarifas un 343%, según datos del Observatorio de Tarifas y Servicios IIEP de la UBA, y de despedir a más de 200 trabajadores, intenta cobrar acreencias a municipios y organismos por una cifra cercana a los $9.000 millones.
Más allá de las viviendas particulares que tienen deudas con AySA se encuentran municipios que están en rojo con la empresa.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei se intimó a varios municipios para ponerse al día y, lentamente, se van acordando planes de pago. AYSA tenía cuentas pendientes con 26 municipios, de los que ya se regularizó la situación con 19, mientras que otros cuatro están en proceso de completar sus pagos y hay tres municipios que se encuentran en plena negociación.
A comienzos de año también se regularizaban las situaciones con organismos estatales de la Nación como Belgrano Cargas o Trenes Argentina Infraestructura, entre otros, que tenían deudas con la empresa de saneamiento. En 2024 se contabilizó un total de 176 organismos nacionales con deudas a pagar con AySA.
Ahora bien, ¿qué dice la doctrina jurídica acerca de deudas contraídas con prestadores de servicio como AySA?
Según los expertos en Derecho Luis A. Rodríguez Saiach y Walter Luis Kunzmann, que publicaron un informe en el sitio especializado eldial.com, las deudas prescriben.
«La norma actual, vigente desde el 1 de agosto de 2015 (artículo 2562, inciso 3ª CCCN), establece que, prescriben a los dos años: …C) el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas».
Señalaron que «en síntesis, que el plazo de prescripción es de dos años, sin lugar a la menor duda. Ello porque el plazo anterior de 5 años fue reemplazado por el nuevo de dos años. Esto se aplica a la prestadora de servicios. A su vez, el artículo 31 de la ley 24.240 (texto según ley 26.361) prescribe que «la tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no podrá exceder en más del cincuenta por ciento (50%) la tasa pasiva para depósitos a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la realización del pago», explicaron acerca de los intereses que generan las deudas con prestadores de servicios públicos.
Para los autores «…en materia de intereses, la ley de defensa del consumidor es más favorable al usuario y debe ser aplicada en todas las ejecuciones. Se permite seguir la ejecución contra uno de los herederos, desistiendo de los demás, so pretexto que el total de la deuda se reclamará de ese condómino, y no de los demás, y se rematará solo la parte indivisa del condómino ejecutado. Esta solución es contraria a derecho.»
Saiach y Kunzmann realizaron este trabajo porque «…en los últimos tiempos se advierte que la prestadora de servicios ha aumentado su actividad jurisdiccional, reclamando deudas antiquísimas y pretendiendo percibir intereses inaceptables y contrarios a la Ley de Defensa del Consumidor».
La clave está en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que eliminó el plazo de cinco años, el que solo dejó como general, en el artículo 2560 (en reemplazo del 4023 CC), y estableció para las deudas generadas por períodos el plazo de dos años. Plazo que se aplica a AYSA.
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