Reforma laboral y pesca: el SIMAPE advierte que los marineros quedan fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y pierden derechos históricos

El secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores, Pablo Trueba, cuestionó la modificación que incorpora el inciso “G” al artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, dejando al personal embarcado fuera de ese marco normativo general y remitiendo su regulación a la Ley de Navegación y a los convenios colectivos.

Según explicó el dirigente, una de las consecuencias inmediatas es que los convenios perderían ultraactividad, es decir, dejarían de mantenerse vigentes hasta la firma de uno nuevo, debilitando así la protección legal ante conflictos o vacíos normativos.

Retroceso histórico y contratos por viaje

Trueba sostuvo que la medida implica “un retroceso de 60 años” y recordó que la actividad volvería a regirse bajo un esquema similar al de la Ley 17.371, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.

En ese contexto, detalló que la relación laboral pasaría a depender exclusivamente del contrato de ajuste, es decir, acuerdos temporales que finalizan con cada viaje, sin vínculo permanente entre el tripulante y la empresa.

Entre los derechos que quedarían comprometidos o eliminados, el dirigente enumeró la ausencia de vacaciones, la falta de cobertura en caso de enfermedad y la pérdida de indemnización al finalizar cada contrato. “Lo máximo a lo que se puede aspirar es a que, si se trabajan 180 días con sucesivos contratos de ajuste, el trabajador pueda quedar efectivo”, explicó.

Además, advirtió que esta modificación podría transformar la pesca en una actividad zafrera, donde la continuidad laboral dependería exclusivamente de nuevas contrataciones temporales, sin salario a la orden ni estabilidad.

El titular del gremio también alertó que la dotación de explotación quedaría bajo decisión del armador, lo que podría alterar las condiciones de trabajo a bordo sin las garantías previas establecidas por la legislación laboral general.

“En síntesis, la exclusión sorpresiva del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo resulta en una discriminación hacia un sector de trabajadores y genera incertidumbre, además de anticipar un aumento de la litigiosidad para resguardar derechos”, concluyó Trueba.