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Uno de los aspectos que más afecta a las pequeñas empresas son los costos indemnizatorios que el Fondo de Incentivo Laboral (FAL).
La reciente reforma laboral, que ha recibido media sanción en el Senado argentino, pretende transformar el entramado de leyes vigentes y dar un nuevo impulso a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son las principales generadoras de empleo en el país. Sin embargo, hay quienes en el sector advierten que las modificaciones aprobadas, aunque destacan por ciertos méritos, quedan cortas en términos de aliviar las pesadas cargas sociales que estas empresas deben enfrentar.
Uno de los puntos más debatidos es el Fondo de Incentivo Laboral (FAL), diseñado para ofrecer previsibilidad en los costos indemnizatorios que suelen representar un desafío crítico para las pymes. Asimismo, la reforma limita los honorarios de los abogados laboralistas, un tema de especial interés dado el alto costo que representa para las empresas enfrentarse a litigios prolongados.
Elisabet Piacentini, un nombre conocido en la arena de la contabilidad y las pymes, participó activamente presentando propuestas que buscaban una reducción significativa de los costos laborales. Aunque algunas de sus sugerencias han sido incorporadas, como la disminución de la litigiosidad, otras, en particular aquellas fijadas en la reducción de las cargas sociales, quedaron fuera del texto final aprobado.
En el aspecto de reducción de conflictividad laboral, se destacan medidas como la no consideración de propinas en sectores de gastronomía y hotelería como parte del sueldo, y el establecimiento de un tope del 25% a los honorarios de abogados en juicios laborales. También hubo ajustes en las normas relacionadas con la relación laboral basada en contratos de servicio facturados y bancarizados, eliminando presunciones automáticas y ciertos criterios que antes llevaban a más litigios.
La reforma también aborda innovaciones en la jornada laboral, lo que permitirá una flexibilidad necesaria para muchas pymes. Se remueve la exigencia de pagar una jornada completa cuando solo se trabajan más de dos tercios del horario, y se permite el uso de horas extras en jornadas reducidas. También se legaliza finalmente el fraccionamiento de vacaciones, un arreglo ya practicado informalmente en muchas circunscripciones empresariales.
En cuanto al marco normativo, se eliminan ciertas leyes consideradas obsoletas, lo que representa un empuje hacia una legislación más adaptada al siglo XXI. Las leyes eliminadas incluyen el estatuto del viajante de comercio y ciertas reglas relacionadas con el teletrabajo impuestas durante la pandemia.
Finalmente, y en un gesto que invita al optimismo, la reforma introduce la posibilidad de que las pymes otorguen beneficios sociales sin que sean considerados salario, así como incentivos que promueven el blanqueo laboral y facilitan la contratación de nuevos empleos con condiciones tributarias más adecuadas. Sin embargo, aún persisten retos significativos. Organizaciones representanives piden con insistencia más reducciones en los costos de cargas sociales y otras reformas determinantes que simplemente no se incluyeron en esta media sanción.
De acuerdo con Piacentini, los avances son reales pero insuficientes. Si bien este es un paso adelante, queda claro que el proceso para descomprimir la carga fiscal en las pymes y promover un entorno más propicio para la generación de empleo sigue incompleto. Es crucial, subraya, que la reglamentación de estas medidas sea ágil, mientras continúan los esfuerzos para bajar significativamente los costos de emplear en el país.
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