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La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que avanzará con acciones judiciales contra la recientemente aprobada reforma laboral, al considerar que varios de sus artículos presentan “manifiesta inconstitucionalidad” y afectan derechos colectivos esenciales, entre ellos el derecho a huelga y la realización de asambleas.
Estrategia judicial para frenar la reforma laboral
Desde el gremio que conduce los intereses de los pilotos advirtieron que, una vez promulgada la norma, presentarán una demanda ante la Justicia Nacional del Trabajo y solicitarán una medida cautelar para suspender su aplicación de la normativa que impulsó el gobierno de Javier Milei.
El objetivo es frenar los efectos de aquellos puntos que, según sostienen, lesionan de manera directa la actividad aerocomercial y vulneran garantías constitucionales.
Foco en la inconstitucionalidad
En un comunicado difundido el 3 de marzo, la organización gremial remarcó que no permanecerá pasiva ante lo que considera “un intento de retroceso en derechos laborales”. En ese sentido, anticipó que desplegará una estrategia judicial inmediata para resguardar tanto la profesión como el conjunto de los trabajadores.
La presentación judicial se enmarca en una creciente ola de cuestionamientos sindicales a la reforma, especialmente en lo vinculado a la reglamentación de medidas de fuerza y a los cambios en las condiciones laborales.
La CGT también activó el frente judicial
La decisión de APLA se suma a la estrategia ya delineada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que viene señalando los puntos más controvertidos de la reforma y prepara su propia batería de acciones judiciales.
Desde la central obrera advirtieron que varios artículos afectan la libertad sindical, el derecho de huelga y el funcionamiento de las organizaciones gremiales. En paralelo al debate parlamentario, la CGT activó equipos técnicos y jurídicos para analizar la norma y avanzar con impugnaciones en los tribunales.
El escenario anticipa así una nueva etapa de la disputa: mientras el Gobierno defiende la reforma como herramienta para modernizar el mercado laboral, el movimiento sindical articula una respuesta coordinada que combina presión política y ofensiva judicial.
Con la presentación de demandas y pedidos de cautelares, la batalla por la reforma laboral comienza a trasladarse al ámbito de la Justicia, donde se definirá la constitucionalidad de varios de sus puntos más sensibles.
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