Andrés Rodríguez pasó por Córdoba, rechazó a la reforma laboral y criticó a los gobernadores por «votar por migajas»

En el marco de la inauguración de la flamante sede de la Seccional Córdoba de UPCN, ubicada en la calle Caseros al 300 de la capital provincial, Andrés Rodríguez encabezó una conferencia de prensa donde explicó la hoja de ruta del movimiento obrero frente al escenario legislativo y la vida interna de su organización.

Con la mirada puesta en las elecciones sindicales del próximo 9 de abril, donde buscará renovar su mandato al frente del gremio de los estatales, Rodríguez destacó la solidez institucional de la organización: «Nuestro gremio tiene una preponderancia fuerte en toda la comunidad, es una organización muy respetada», afirmó, respaldando la lista de unidad (Lista Blanca) que en la provincia mediterránea lideran César Godoy y Natalia Refice.

La judicialización como respuesta al «apresuramiento» político

Ante la inminente definición en el Senado del proyecto de Ley de Modernización Laboral, el dirigente cegetista calificó la iniciativa como un movimiento más electoralista que técnico. Según Rodríguez, el Gobierno incurrió en un «apresuramiento innecesario» para priorizar la «imagen política» por encima del debate profundo que requiere una norma de tal magnitud.

Al no haberse alcanzado los consensos pretendidos por el sector sindical en el articulado, el titular de UPCN confirmó que el camino es la apelación a la Corte Suprema. El foco de la objeción judicial estará puesto en puntos que consideran violatorios de la Constitución Nacional y de los convenios internacionales de la OIT, como las restricciones sindicales, el derecho a la protesta y la huelga, entre otros puntos. 

El rol de los gobernadores: «Votaron por migajas»

Uno de los puntos más álgidos de la charla fue el análisis sobre el comportamiento de los mandatarios provinciales frente al ajuste y las leyes impulsadas por la gestión libertaria. Rodríguez criticó a aquellos gobernadores que instruyeron a sus legisladores a votar a favor de las reformas oficiales.

«Consideramos que varios gobernadores, y esto es una presunción personal, pero la puedo intuir, a pesar de haberse prestado y ordenado a sus legisladores que voten a favor del proyecto, lo han hecho por migajas«, disparó el dirigente. Además, advirtió que el costo político del ajuste terminará recayendo sobre las propias provincias si no existe una «organización política» que le ponga un freno a la actual dinámica económica.

Diferencias entre el DNU y la Ley

Consultado sobre la vigencia de otros capítulos del DNU 70/23, Rodríguez marcó una diferencia estratégica. Recordó que la CGT logró frenar el capítulo cuartoa por su inconstitucionalidad, pero aclaró que un proyecto de ley aprobado por el Congreso presenta un desafío jurídico distinto. «Tenemos que ver esas diferencias reales», señaló, sugiriendo que la batalla judicial será quirúrgica, analizando artículo por artículo para determinar cuáles vulneran los derechos adquiridos de los trabajadores.