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Tres personas fueron condenadas por integrar un esquema de estafas basado en la falsa venta de vehículos, principalmente camionetas. Las penas son de cumplimiento condicional y abarcan un total de 24 hechos. Además, más de $33 millones secuestrados durante la investigación serán distribuidos entre las víctimas.
Los acuerdos fueron presentados por el fiscal Juan Narváez, junto a la asistente letrada Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat. Este miércoles fueron homologados por el juez de garantías Luciano Hermosilla.
Uno de los acusados, identificado como D.E., recibió una pena de tres años de prisión condicional por diez estafas. F.G.E. fue condenado a la misma pena por ocho hechos, mientras que G.E.E. recibió dos años y seis meses de prisión condicional por seis casos.
Una cuarta persona, R.M.E., accedió a una suspensión de juicio a prueba durante dos años. Esto significa que, en caso de respetar todas las condiciones fijadas por la Justicia, no tendrá antecedentes penales.
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Millones decomisados y una camioneta a subasta
Como parte del acuerdo, el juez autorizó el decomiso de más de $33 millones que habían sido secuestrados durante la investigación. También dispuso que una camioneta Toyota Hilux utilizada en una de las maniobras sea subastada.
El dinero obtenido por la venta del vehículo será sumado a los fondos incautados. Luego de una pericia contable, el monto total se distribuirá entre las víctimas de manera proporcional al perjuicio económico sufrido por cada una.
El fiscal explicó que los bienes recuperados no alcanzan para cubrir la totalidad de las pérdidas, aunque permitirán avanzar con una reparación parcial.
Todas las víctimas fueron informadas sobre la solución propuesta y dieron su conformidad. El acuerdo incluyó nueve hechos imputados esta semana y otros dos expedientes que ya se encontraban en una etapa más avanzada del proceso judicial.
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Publicaban vehículos, cobraban y desaparecían
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los acusados publicaban vehículos en redes sociales y plataformas de compraventa. Para hacerlo, utilizaban identidades falsas o perfiles pertenecientes a otras personas.
Una vez que conseguían compradores, los convocaban a viajar hasta Neuquén para cerrar la operación. Allí les mostraban los vehículos y documentación con el objetivo de generar confianza.
Las víctimas entregaban el dinero, pero la transferencia y la entrega de las unidades nunca se concretaban. Los vendedores argumentaban que existían problemas administrativos con la AFIP o con el Registro del Automotor.
Con esas explicaciones demoraban la operación durante varios días. Finalmente, cortaban toda comunicación y dejaban a los compradores sin el dinero y sin el vehículo que creían haber adquirido.
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Las condiciones que deberán cumplir
Los tres condenados deberán fijar un domicilio y comunicar previamente cualquier cambio de residencia o ausencia prolongada de la provincia. También tendrán que presentarse cada tres meses ante la Dirección de Personas Judicializadas.
Entre las reglas impuestas se encuentran no abusar del consumo de bebidas alcohólicas, no consumir drogas y no cometer nuevos delitos.
Estas obligaciones regirán durante tres años para D.E. y F.G.E., y por dos años y seis meses para G.E.E. Si vuelven a delinquir o incumplen las condiciones, podrían perder el beneficio y cumplir la pena en prisión.
Por su parte, R.M.E. deberá pagar durante dos años una donación mensual de $50.000 a la cooperadora del Hospital Castro Rendón. El aporte total será de $1.200.000.
A pedido de la defensa, el juez dispuso que las oficinas de prensa del Poder Judicial mantengan bajo reserva la identidad de las personas condenadas. Sin embargo, aclaró que esa decisión no impide que otros medios de comunicación difundan la información.
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