Apartan a un fiscal de una causa por presunto abuso sexual infantil tras cuestionamientos por demoras en la investigación

El fiscal general de la provincia, César Sotelo, resolvió apartar al titular de la Unidad Fiscal de Investigación Concreta (UFIC) de Monte Caseros, Ricardo Alberto López Ruiz, de una causa por presunto abuso sexual agravado por el vínculo que tiene como víctimas a dos niños y como imputado a su padre.

La decisión fue adoptada luego de una presentación realizada por los abogados querellantes de la madre de los menores, quienes cuestionaron el desempeño del funcionario judicial y denunciaron una supuesta falta de impulso en una investigación iniciada en noviembre de 2022.

Según consta en la denuncia original, presentada por la madre de los niños cuando tenían 2 y 5 años, las presuntas víctimas habrían sufrido situaciones de abuso mientras permanecían al cuidado de su progenitor. Tras la radicación de la denuncia, se realizaron diversas pericias y medidas investigativas que fueron incorporadas al expediente.

Sin embargo, los representantes legales de la querella, Gustavo Javier García y María Agustina Jordán, sostuvieron ante la Fiscalía General que la causa permanecía sin avances significativos hacia una eventual instancia de juicio, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación.

En su presentación, los abogados plantearon cuestionamientos relacionados con el principio de objetividad y el desempeño funcional del fiscal interviniente, solicitando una revisión de la actuación del Ministerio Público Fiscal en el caso.

Tras analizar el planteo, Sotelo resolvió apartar a López Ruiz de la investigación y designó en su reemplazo al fiscal de Mocoretá, Bruno Gabriel Monzón, quien asumirá la conducción de la causa y continuará con las medidas procesales correspondientes.

En los fundamentos de la resolución, el Fiscal General remarcó que el Ministerio Público debe actuar en defensa del interés público y garantizar los derechos de las personas involucradas en los procesos judiciales.

«La actuación en defensa del interés público y garantizar los derechos de las personas, velar por la normal prestación del servicio de justicia, resulta función principal del Ministerio Público», sostuvo Sotelo al justificar la medida adoptada.

La decisión generó repercusiones en el ámbito judicial de la región, donde también trascendieron cuestionamientos vinculados a otras causas que estuvieron bajo la órbita del fiscal apartado y que, según distintas fuentes, aún no llegaron a la instancia de juicio.

Con el cambio de fiscal a cargo, se espera que la investigación retome impulso y continúe su curso conforme a las etapas procesales previstas por la legislación vigente.