Reforma laboral: señalan riesgo de autocensura en abogados y piden declarar la ley inconstitucional

El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) promovió una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de artículos centrales de la Ley 27.802, en el marco de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La presentación incluye además un pedido de medida cautelar urgente para suspender la aplicación de esas disposiciones en todo el territorio bonaerense.

La demanda, encabezada por el presidente de la entidad, Bienvenido Rodríguez Basalo, sostiene que las modificaciones introducidas en la Ley de Contrato de Trabajo afectan de manera directa el ejercicio profesional de la abogacía, especialmente en el fuero laboral, y vulneran derechos constitucionales de los letrados.

El planteo apunta, en primer lugar, contra el artículo 10 de la ley, que modifica el régimen de costas e introduce la posibilidad de que los abogados sean condenados solidariamente junto a sus clientes en caso de “pluspetición”, es decir, cuando se considere que hubo una sobreestimación de los reclamos. Según el escrito, este esquema incorpora un criterio objetivo que prescinde de la conducta del profesional, ya que bastaría con que el juez entienda que se reclamó de más para aplicar la sanción.

Reforma laboral: Efecto de autocensura en los abogados

En esa línea, el colegio advierte que la medida puede generar un efecto de autocensura en los abogados al momento de formular demandas, lo que derivaría en una reducción de los reclamos y, en consecuencia, en una menor reparación para los trabajadores. De este modo, sostiene que no solo se afecta el ejercicio de la profesión, sino también el acceso a la justicia de los justiciables.

Demanda-Colproba

El segundo eje de la impugnación se centra en el artículo 56, que habilita el pago en cuotas de las sentencias laborales —hasta seis para grandes empresas y doce para pymes— e incorpora un tope del 25% a las costas, incluyendo honorarios profesionales. Para COLPROBA, estas disposiciones resultan irrazonables y afectan el derecho al cobro de los honorarios, que la jurisprudencia reconoce como de carácter alimentario.

La entidad también cuestiona que el límite a las costas implique, en la práctica, una reducción de los honorarios regulados conforme a las leyes arancelarias locales, al prever un sistema de prorrateo cuando se supere ese porcentaje. En ese punto, sostiene que el Congreso Nacional carece de competencia para modificar normas de carácter procesal y arancelario, cuya regulación corresponde a las provincias.

Además, el escrito advierte que la aplicación conjunta de estas medidas puede generar situaciones de desigualdad entre abogados que intervienen en un mismo proceso. En particular, señala que un letrado podría verse obligado a afrontar costas de manera inmediata mientras percibe sus honorarios en cuotas, lo que profundiza el impacto económico de la normativa.

Vulneración de derechos constitucionales

En su presentación, COLPROBA invoca la vulneración de derechos constitucionales como el ejercicio de la profesión, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, el acceso a la justicia y el principio de progresividad de los derechos sociales. También solicita la habilitación de días y horas para el tratamiento urgente del caso, al considerar que la aplicación de la ley genera efectos actuales y cotidianos sobre los abogados matriculados.

El planteo se inscribe en un escenario de creciente judicialización de la reforma laboral, que suma así un nuevo frente de conflicto para el Gobierno nacional, ahora desde el ámbito de los colegios profesionales.