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La Copal, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) respaldaron el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados. Las tres cámaras empresariales coincidieron en que la reforma aportará previsibilidad e impulso a la inversión. Como también estímulos para la generación de empleo formal en un contexto de reordenamiento macroeconómico
La aprobación en Diputados del proyecto que impulsó por el Poder Ejecutivo cosechó así un respaldo explícito de las principales cámaras empresarias del país. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) que conduce Carla Martin Bonito, el CAA que lidera Gustavo Idígoras, y la CAC que preside Natalio Grinman, coincidieron en señalar que se trata de un paso relevante para dinamizar la economía. Además de reducir la litigiosidad y promover la creación de empleo formal.
Las entidades destacaron que la iniciativa incorpora herramientas orientadas a bajar costos laborales y generar mayor previsibilidad en las relaciones de trabajo. Como también a adecuar la normativa a las nuevas modalidades productivas. En ese marco, las tres cámaras empresarias reclamaron al Senado un tratamiento ágil para convertir el proyecto en ley y consolidar el proceso de modernización normativa.
Copal nuclea a más de 30 cámaras del sector de alimentos y bebidas y representa a una de las principales cadenas de valor del país. Desde allí señalaron que la media sanción “constituye un avance necesario para actualizar un marco laboral que consideran desfasado frente a la realidad productiva actual”.
La entidad sostuvo que “la modernización laboral puede contribuir a reducir la informalidad y facilitar la contratación. Y mejorar la competitividad de un sector que explica una porción significativa del empleo industrial y de las exportaciones argentinas en dólares”. En su posicionamiento institucional, la cámara remarcó la importancia de que el debate continúe en el Senado. Y que el texto final otorgue certidumbre a las empresas que invierten y generan puestos de trabajo.
Para la industria alimentaria, que “enfrenta altos costos logísticos, presión tributaria y competencia internacional, contar con reglas laborales claras y previsibles es un componente central para sostener planes de expansión y agregado de valor”. En ese sentido, consideraron que “la reforma debe integrarse a una agenda más amplia. Que incluya estabilidad macroeconómica, incentivos a la inversión y reducción de cargas que impactan sobre la producción”.
Impulso a inversiones y empleo regional
Por su parte, el CAA destacó especialmente la incorporación de instrumentos que, a su entender, fortalecen el desarrollo de inversiones productivas en el interior del país. La entidad expresó que celebra el capítulo vinculado al Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). Y lo consideró una herramienta clave para sectores como riego, ganadería y producciones avícola y porcina.
Desde el CAA afirmaron que “seguiremos trabajando en buscar incluir elementos clave para el resto de las empresas del agro. Y en una reglamentación que logre plasmar en términos prácticos los nuevos elementos que surgen de la ley tanto en la parte laboral como en el capítulo de inversiones”. La entidad subrayó que la combinación entre modernización laboral e incentivos a la inversión puede traducirse en mayor formalización del empleo. Y en un salto de competitividad para cadenas que compiten en mercados externos y generan divisas en dólares.
Para el complejo agroindustrial, la previsibilidad en los costos laborales y la reducción de la litigiosidad son factores determinantes al momento de definir proyectos de expansión que requieren horizontes de largo plazo. En un escenario donde la inversión en infraestructura, tecnología y mejoras productivas demanda capital intensivo, contar con reglas estables se vuelve un requisito central.
Baja de contribuciones y Fondo de Asistencia Laboral
Por su parte, la CAC ponderó los cambios introducidos en el proyecto y sostuvo que se contemplaron observaciones formuladas por el sector empresario. Entre los puntos más destacados mencionó la baja de las contribuciones patronales para nuevas contrataciones. Lo que, al reducir los costos de contratación, representa un estímulo concreto para la generación de empleo formal.
La entidad también subrayó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un esquema que establece un mecanismo para cubrir el costo de eventuales desvinculaciones. A juicio de la CAC, este instrumento genera un aliciente para que las empresas incorporen nuevos empleados. Sin el riesgo y la imprevisibilidad que actualmente implica la eventualidad de conflictos judiciales con resultados inciertos.
Grinman sostuvo que “el resultado es positivo. Se contemplaron observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento”. Además, advirtió: “Sabemos que no existe magia y que una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta”.
Grinman agregó que la legislación debe complementarse con una macroeconomía sana y destacó los avances en materia de ordenamiento fiscal y monetario. También puso el foco en la importancia de negociaciones colectivas responsables y en la necesidad de preservar los equilibrios alcanzados en los convenios, evitando revisiones permanentes que generen inestabilidad.
En conjunto, las cámaras empresarias coincidieron en que la modernización laboral no resolverá por sí sola los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino. Pero puede convertirse en una herramienta relevante si se articula con políticas macroeconómicas consistentes y un clima de negocios favorable.
La discusión ahora se traslada al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar los cambios aprobados en Diputados. Mientras tanto, el empresariado insiste en que la previsibilidad, la reducción de costos y la adecuación normativa son condiciones indispensables para transformar la recuperación económica en empleo registrado y crecimiento sostenido.
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